¿Creía que podía eludir sus obligaciones fiscales invirtiendo en criptomonedas? Los tiempos están a punto de cambiar.
A partir de 2027, las autoridades fiscales tendrán un mayor acceso a la información relativa a todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas. Este anuncio se produce tras la adopción, el pasado 10 de noviembre, de la norma CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) por parte de 47 países, entre ellos Francia y Estados Unidos. La OCDE desempeñó un papel clave en la puesta en marcha de esta norma, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal y facilitar el intercambio de información entre los Estados.
Paralelamente, la Unión Europea también ha tomado medidas mediante la adopción de la directiva DAC8, que centra sus esfuerzos en la región europea. Estos avances marcan un giro significativo en la regulación de las criptomonedas, situándolas en el centro de las preocupaciones en materia de cumplimiento fiscal a escala mundial.
¿Qué es la norma CARF?
El Marco de Declaración de Activos Cripto (comúnmente denominado CARF) es una iniciativa mundial liderada por el Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. Su objetivo es promover el intercambio automático de información entre países para combatir los riesgos emergentes de evasión fiscal relacionados con las criptomonedas y los activos digitales.
Las normas obligarán a los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (PSCA) a recopilar información sobre los usuarios, en particular sus residencias fiscales individuales y sus números de identificación fiscal, y a transmitir esta información a su autoridad fiscal nacional. A continuación, las autoridades fiscales intercambiarán esta información entre sí para facilitar el cumplimiento fiscal, la evaluación y la supervisión.
Un poco de historia sobre las criptomonedas
Tras la adopción generalizada de las criptomonedas y las tecnologías blockchain, surgieron preocupaciones sobre su capacidad para facilitar actividades ilícitas, en particular la evasión fiscal. En una Evaluación de Impacto de 2022, la Comisión Europea declaró que la ausencia de control centralizado, la seudoanonimidad y la naturaleza digitalizada de las criptomonedas creaban mayores riesgos de evasión fiscal. Sin embargo, actores del sector cuestionaron la validez de estas preocupaciones.
El informe de evaluación de impacto de la UE estima posteriormente que 12 millones de cuentas podrían estar sujetas a declaración dentro de la UE, y 100 millones de cuentas a escala mundial.
Un artículo de 2022 publicado en The Washington Post destacó problemas similares en Estados Unidos, señalando que en 2014/2015 más de 5 millones de personas intercambiaban criptomonedas, pero menos de 1.000 contribuyentes declaraban ganancias en sus declaraciones de impuestos.
En julio de 2023, el Fondo Monetario Internacional indicó que "estimaciones aproximadas sugieren que un impuesto del 20 % sobre las ganancias de capital de las criptomonedas habría recaudado aproximadamente 100.000 millones de dólares en todo el mundo en 2021, teniendo en cuenta el aumento vertiginoso de los precios". Sin embargo, señaló que el mercado se había contraído desde entonces y que, en circunstancias normales, los impuestos sobre las criptomonedas probablemente serían "inferiores a 25.000 millones de dólares al año". Un documento de trabajo más detallado preparado por el FMI indicaba que "la característica distintiva de las criptomonedas, derivada de su anonimato, se percibe naturalmente como una probabilidad de detección especialmente baja y, por tanto, como un medio de evasión particularmente atractivo".
En agosto de 2023, una carta enviada por Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Bob Casey Jr. y Richard Blumenthal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y al Servicio de Impuestos Internos indicaba que la brecha fiscal relacionada con la no declaración de las transacciones de criptomonedas en Estados Unidos ascendía a 1.500 millones de dólares en 2024 y a 28.000 millones de dólares durante "los próximos 8 años". El Tesoro estadounidense había anunciado previamente normas que exigían declarar las transferencias de criptomonedas debido al aumento de los riesgos de evasión fiscal.
Respuesta del Foro Global de la OCDE
A principios de 2022, la OCDE publicó una consulta sobre un conjunto de normas propuestas denominado Marco de Declaración de Criptoactivos, solicitando comentarios de los actores del sector.
El 10 de octubre de 2022, el Foro Global de la OCDE publicó su informe final[10], que expone los nuevos requisitos de declaración, así como las modificaciones relativas a la declaración de criptoactivos y dinero electrónico. El informe también incluye revisiones más amplias del Estándar Común de Reporte (CRS) existente.
Posteriormente, este informe fue adoptado por la OCDE en junio de 2023, y el CRS y el MDCA forman conjuntamente las Normas Internacionales para el Intercambio Automático de Información con Fines Fiscales.
Al 30 de septiembre de 2023, la OCDE aún no había confirmado un calendario de adopción para el MDCA, aunque los 27 Estados miembros de la UE estarán obligados a adoptar las normas a partir del 1 de enero de 2026.
El fin de los criptoactivos no gravados
En conclusión, la idea de que las criptomonedas ofrecen un refugio fiscal impenetrable recibe un duro golpe con la adopción generalizada de normas como CARF por parte de 47 países, entre ellos Francia y Estados Unidos, así como de la directiva DAC8 por parte de la UE. A partir de 2027, estas medidas aumentarán la transparencia, obligando a plataformas conocidas como Kraken o Binance a recopilar información fiscal detallada y transmitir automáticamente las transacciones a las autoridades fiscales de los residentes. Por lo tanto, el uso de criptomonedas, especialmente en plataformas centralizadas, ya no garantiza el anonimato fiscal tan buscado.
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