Sociedad « offshore » en Hong Kong: ¿es legal?
Hong Kong no es una jurisdicción offshore en el sentido de los paraísos fiscales tradicionales. Sin embargo, el territorio aplica una fiscalidad territorial, lo que explica que la expresión «sociedad offshore en Hong Kong» se utilice a veces para referirse a una sociedad cuya actividad se desarrolla fuera del territorio.
La cuestión consiste, por tanto, en distinguir el estatus jurídico de la sociedad del origen de sus ingresos y respetar las normas aplicables a su actividad.
Hong Kong y el término «offshore»
Hong Kong no es una jurisdicción offshore
El territorio no se considera una jurisdicción tradicionalmente mencionada, como Panamá o las Islas Vírgenes Británicas. Se presenta como incluido en la lista blanca de la OCDE.
La fiscalidad es territorial
La estructura sigue siendo una sociedad privada limitada
La forma jurídica utilizada es la sociedad limitada privada. No se trata de una figura jurídica offshore distinta.
Lo que cambia según la actividad
Actividad ejercida fuera de Hong Kong
Cuando la actividad se ejerce realmente fuera del territorio, la fiscalidad territorial puede dar lugar a un tratamiento diferente de los beneficios, con sujeción a las normas y justificantes aplicables.
Actividad ejercida en Hong Kong
Cuando se desarrolla una actividad en Hong Kong, deben tenerse en cuenta los impuestos y gravámenes aplicables en el territorio.
Una actividad legal y documentada
El principio no es eludir las normas fiscales. La actividad, la identidad de los beneficiarios y las operaciones de la sociedad deben poder justificarse ante las autoridades y las entidades financieras.
En la práctica: ¿puede una sociedad de Hong Kong operar a nivel internacional?
Una Private Limited Company puede realizar actividades comerciales, disponer de oficinas y contratar personal cuando el proyecto lo requiera. También puede no tener una presencia operativa significativa en Hong Kong cuando su actividad se desarrolla en otro lugar.
La legalidad de la estructura depende, por tanto, del cumplimiento del marco jurídico, fiscal y bancario aplicable. Los trámites de constitución deben ser coherentes con la actividad real de la empresa.